Consejo de la Judicatura y Asamblea Nacional analizan reformas para garantizar el pago de pensiones alimenticias
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Consejo de la Judicatura y Asamblea Nacional analizan reformas para garantizar el pago de pensiones alimenticias

 

Impulsar la aprobación de reformas legales que permitan dar agilidad al proceso de pago de pensiones alimenticias y así garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, fue uno de los objetivos de la reunión protocolaria que, este 2 de abril, mantuvo el Presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, con la titular de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas.

 

En el encuentro, que se desarrolló en el Palacio Legislativo, el doctor Jalkh explicó que es necesario reformar el artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) para que, en caso de que existan dos o más pensiones impagas, el juez pueda emitir inmediatamente la boleta de apremio contra el deudor y luego convocar a una audiencia en la que se establezca la voluntad real de pago.

 

Actualmente, por una disposición de la Corte Constitucional, cuando existen pensiones alimenticias pendientes, se convoca primero a una audiencia en la que se dictan las medidas de apremio. Esto ha implicado que la Función Judicial tenga que atender 5000 audiencias adicionales por mes, así como retrasos en el cumplimiento de las diligencias.

 

En septiembre de 2017, el CJ ya presentó esta propuesta a la Comisión de Justicia de la Asamblea. “Podríamos resolver esta situación con más jueces, pero eso significaría un peso presupuestario adicional para el erario nacional, por eso planteamos un cambio puntual que nos permitirá ser ágiles en la determinación de las boletas de apremio y de la buena fe del obligado”, señaló el titular del CJ.

 

Tras la reunión, la Presidenta de la Asamblea ratificó su interés por dar el impulso necesario a las reformas orientadas a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

 

En su cuenta de twitter @elizcabezas, indicó que en el diálogo con el doctor Jalkh también se analizaron las propuestas de reforma que el CJ ha formulado para el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

 

Al respecto, Gustavo Jalkh recordó que se plantea ajustes a la aplicación del proceso abreviado. El objetivo es que solo los delitos sancionados con hasta cinco años puedan derivarse a este procedimiento.

 

De igual manera, se sugiere reformar el texto relacionado con la rebaja de penas que se aplica por el mismo proceso. “La redacción actual puede dar paso a interpretaciones equivocadas en las que la rebaja de penas puede ser extremadamente alta y la reducción debe ser solo de hasta un tercio de la pena”, indicó el doctor Jalkh.

 

Agregó que adicionalmente se propone que, cuando exista un dictamen fiscal abstentivo, este suba a consulta de la instancia superior, siempre que se trate de delitos penados con más de cinco años. Actualmente, esta disposición rige solo para los delitos que superen los 15 años de pena.

 

“Nuestra propuesta es que se suba en consulta al fiscal superior para eliminar ciertos márgenes de discrecionalidad y verificar si el dictamen está debidamente sustentado”, señaló.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN